«El poder es un medio, no un fin. No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; se hace una revolución para establecer una dictadura.» George Orwell
Lima/ Por Nancy Arellano.- La situación actual es catastrófica, el mundo está socioeconómicamente infectado. Detenido; en una pausa selectiva que empuja a unos al abismo y a otros al centro de sí mismos. No, no es igual esta pausa para quienes tienen un techo, servicios, un trabajo estable – hasta con opción a hacerse remoto-, ahorros o productos crediticios suficientes y un seguro de salud. No, no es igual para quienes tienen condiciones de riesgo, y menos aún para quienes la afrontan en una indefensión económica absoluta, casi equiparable a la de una muerte civil en toda su extensión. Las víctimas del COVID19 se cuentan en contagiados y en excluidos. Y si somos venezolanos, en una especie de apatridia impuesta desde quienes usurpan el poder.
Maduro se ha convertido en las últimas semanas en el foco de infección y propagación del COVID19 dentro y fuera de Venezuela. La inoperancia de un gobierno que desde 2013 hasta 2018 pavimentó el declive de nuestro país y destruyó el sistema social y económico, como solo quien realmente hubiese articulado un plan enfocado en socavar hasta el último pilar de desarrollo. Enfocado tozudamente en desnudar, desnutrir y deconstruir. Dejarnos indefensos frente a la historia y sus caprichos.
Desde 2019 la Asamblea Nacional ha buscado restituir el orden constitucional, apeló al 350, 333 y 233 de la Constitución y, con un ímpetu que pocos imaginaban, ha luchado desde la asunción del gobierno encargado, encabezado por el presidente (E) Juan Guaidó, por devolver la dignidad y la coherencia al Estado venezolano. Ésas que las FFAA, convertidas en una suerte de ejército pretoriano, han secuestrado junto a Nicolás Maduro & Cía. El BCV, PDVSA (nuestra principal fuente de ingresos estatales), el gabinete ministerial o los mecanismos de endeudamiento internacional, siguen en un espacio donde el marco de maniobra está limitado por las armas de la República sirviendo al narcotráfico y dando la espalda al pueblo. Se ha denunciado en todos los foros posibles, se han presentado informes de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, se ha dicho y 60 países reconocen la legitimidad del gobierno interino y los exabruptos del régimen. Existen violadores de DDHH y defensores de DDHH. Estos son los dos únicos bandos. Pero con una realidad de papel, nuestra gente no come, no compra, no se cura y no sostiene el techo en su cabeza, ni dentro ni fuera de Venezuela.
La protección consular de la migración venezolana es precaria, en tanto que las embajadas designadas, si hemos hecho esfuerzos para restituir derechos, falta aún espacio de maniobra. Sigue siendo insuficiente por dos razones simples: 1) competencia incompleta en mecanismos de identificación y movilidad migratoria por la permanencia del madurismo en el SAIME y SAREN ( además de los otros órganos del Ejecutivo) y poder judicial, electoral y ciudadano; secuestrados con nombramientos ilegítimos y artilugios inconstitucionales. 2) Falta de presupuesto ordinario para las misiones diplomáticas que permita desarrollar planes de atención sostenida y concurrente con la cooperación internacional para atender el desplazamiento forzado que se ha producido desde 2018, con una fuerza sin precedentes.
Devolver la dignidad a nuestro país pasa por una salida inmediata del régimen y la asunción completa de competencias por parte del gobierno de transición para ir a elecciones. No por el mero anhelo electoral, sino para recuperar un Estado al servicio de la ciudadanía y unas FFAA supeditadas a la Constitución. No vamos a tener “salud” como ciudadanos venezolanos hasta que volvamos a ser ciudadanos venezolanos y sea el Estado venezolano el que nos responda y nos obligue, siempre en el marco de nuestras leyes y no de la dirigencia mafiosa que hoy secuestra a Venezuela.
Hace falta cooperación internacional para apoyar a los millones que radican fuera, al tiempo que es urgente y necesario que contemos con embajadas con plenas competencias y recursos. Hemos asumido sin temor la tarea titánica y sísifica de apoyar a nuestra comunidad en el exterior, pero esto no será realmente viable ni sostenible, sin las competencias absolutas diplomáticas y consulares que den soporte a los esfuerzos de los funcionarios y comprometan entre Estados soluciones para lograr la integración efectiva, la movilidad segura y el disfrute pleno de derechos fundamentales que siguen siendo violados a miles de kms de distancia. Maduro acecha a la migración porque impide que los legítimos representantes del Estado venezolano en el exterior podamos servir como corresponde. Más en esta crisis de la pandemia que hoy nos persigue sin posibilidad de huida.
