Han sido días de fiscalización por todos lados. Hoy se anunció incluso que la Fiscalía General ha reabierto una investigación contra el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, sobre la presunta corrupción al favorecer a la empresa brasileña de construcción, Odebrech; hace 10 años, cuando era premier.
Sale la noticia del Congreso y las canastas navideñas sobrepreciadas y por adjudicación directa y se habla de la compra de computadoras del Congreso también sin concurso abierto (metodología, lícita, que fuera criticada por el propio Congreso respecto del Minedu que a su vez tiene unos cuantos casos en proceso de investigación).
Sumarle a la polarización la pregunta de ¿quién es más corrupto? Y ver las estadísticas de más del 92% de los alcaldes bajo la lupa por presunta corrupción sea en la procuraduría o en la fiscalía. Y la verdad es que la investigación sobre corrupción en el Perú parece ¡harta chamba!. Y no que todo lo que sale a la luz sea objeto de investigación por parte de la fiscalía o la procuraduría, pero sí que la tasa de investigación —como el caso de los alcaldes— es alarmantemente alta. A ello hay que adicionar todo el tiempo que los medios de comunicación gastan en dimes y diretes sobre el proceder administrativo, supuestamente oscuro, de muchos funcionarios; la comidilla política y las opiniones que van y vienen sin que se cierren certeramente los capítulos. He allí el detalle.
¿Qué revela esto? Primero que la percepción de corrupción (72,8% para 2014) es reforzada por un círculo vicioso de medios y entes que se encargan de investigar con micro y macro comisiones a un sin fin de funcionarios en una historia interminable y poco alentadora que solo hace que el ciudadano tome repulsa por la política y los jóvenes huyan de cualquier cosa que tenga ese “tufillo” a ente público.
Sólo para colocar un dato. El exprocurador Fuad Khoury, señalaba en 2013 a RPP que “en sus cuatro años como contralor, su despacho ha presentado cuatro mil denuncias penales y civiles por corrupción contra funcionarios, de las cuales sólo se han emitido 300 sentencias, siendo favorables para el Estado sólo 90 de ellas”.
¿Cuál es la tasa de efectividad de las denuncias? Hablamos de un 7,5%. Es decir, de los 4.000 casos vociferados sólo 90 reciben una sentencia favorable al Estado; suponiendo que, en efecto, fueron casos que cumplieron con el debido proceso y se dictó sentencia certera. Si extrapolamos esto; de 300 casos sobre los que se dictó sentencia, 90 eran culpables; entonces de los 3.700 pendientes de sentencia, es probable que haya 1.110 casos de culpables que están impunes, libres y campeantes, probablemente entre panetones, computadoras y algunos sacos de cemento viejo.
Más allá de detectar la corrupción hay que prevenirla. La actuación reactiva no está dando resultados.
Hay mucho morbo mediático en la fiscalización y quizás… ¿asco a la justicia?
