El morbo mediático de la fiscalización y el asco a la justicia

 

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Han sido días de fiscalización por todos lados. Hoy se anunció incluso que la Fiscalía General ha reabierto una investigación contra el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, sobre la presunta corrupción al favorecer a la empresa brasileña de construcción, Odebrech; hace 10 años, cuando era premier.

Sale la noticia del Congreso y las canastas navideñas sobrepreciadas y por adjudicación directa y se habla de la compra de computadoras del Congreso también sin concurso abierto (metodología, lícita, que fuera criticada por el propio Congreso respecto del Minedu que a su vez tiene unos cuantos casos en proceso de investigación).

 

Sumarle a la polarización la pregunta de ¿quién es más corrupto? Y ver las estadísticas de más del 92% de los alcaldes bajo la lupa por presunta corrupción sea en la procuraduría o en la fiscalía. Y la verdad es que la investigación sobre corrupción en el Perú parece ¡harta chamba!. Y no que todo lo que sale a la luz sea objeto de investigación por parte de la fiscalía o la procuraduría, pero sí que la tasa de investigación —como el caso de los alcaldes— es alarmantemente alta.  A ello hay que adicionar todo el tiempo que los medios de comunicación gastan en dimes y diretes sobre el proceder administrativo, supuestamente oscuro, de muchos funcionarios; la comidilla política y las opiniones que van y vienen sin que se cierren certeramente los capítulos. He allí el detalle.

 

¿Qué revela esto? Primero que la percepción de corrupción (72,8% para 2014) es reforzada por un círculo vicioso de medios y entes que se encargan de investigar con micro y macro comisiones a un sin fin de funcionarios en una historia interminable y poco alentadora que solo hace que el ciudadano tome repulsa por la política y los jóvenes huyan de cualquier cosa que tenga ese “tufillo” a ente público.

 

Sólo para colocar un dato.  El exprocurador Fuad Khoury, señalaba en 2013 a RPP que “en sus cuatro años como contralor, su despacho ha presentado cuatro mil denuncias penales y civiles por corrupción contra funcionarios, de las cuales sólo se han emitido 300 sentencias, siendo favorables para el Estado sólo 90 de ellas”.

 

¿Cuál es la tasa de efectividad de las denuncias? Hablamos de un 7,5%. Es decir, de los 4.000 casos vociferados sólo 90 reciben una sentencia favorable al Estado; suponiendo que, en efecto, fueron casos que cumplieron con el debido proceso y se dictó sentencia certera. Si extrapolamos esto; de 300 casos sobre los que se dictó sentencia, 90 eran culpables; entonces de los 3.700 pendientes de sentencia, es probable que haya 1.110 casos de culpables que están impunes, libres y campeantes, probablemente entre panetones, computadoras y algunos sacos de cemento viejo.

 

Más allá de detectar la corrupción hay que prevenirla. La actuación reactiva no está dando resultados.

 

Hay mucho morbo mediático en la fiscalización y quizás… ¿asco a la justicia?

 

 

El problema no son los audios, sino la sordera

Columna publicada en @elmontonero
12 de Octubre del 2016drg
Detrás del audio está el silencio de los (pacientes) inocentes

El tema de los audios ha estado en agenda toda la semana: el caso del ex asesor presidencial Carlos Moreno, quien al parecer pretendía realizar negocios millonarios con el Sistema de Salud Integral. Pero fue grabado. ¿Y cuál es el problema que subyace a los audios? ¿No es acaso la sordera del sistema? ¿Es realmente relevante si se trataba de un funcionario público con régimen laboral o si era un asesor ad honorem? El delito se pacta fuera del decoro.

El tema de los audios plantea dos problemas de la política nacional: el tráfico de influencias y la farándula política. El primero retrata el dilema al que se enfrentan todos los Estados: tener acceso a un cuantioso número de recursos y el poder de influir en el destino, incluso pervirtiendo la función pública por conveniencias personales o grupales.

El segundo, retrata el drama de las vociferaciones vacías, esas que critican el proceder de un grupo, pero que luego caen en lo que critican; o en cosas peores, como las prácticas de tráfico de influencias. ¿Qué es bueno o qué es lo menos malo?, suelen preguntarse aquellos que frecuentan las instalaciones gubernamentales, con hábitos de monje y la cartera ávida de papelitos con la rúbrica del presidente del BCR. La vara para medir al otro no siempre coincide con la que se usa para determinar la estatura de nuestra propia moral y nuestro proceder.

El tema adicional de la farándula es el efecto distractor: humo, desvío. La atención de los medios, convertidos en moscas que huelen un cadáver, se dirige unineuronalmente sobre el hecho y los implicados. ¿Cuántos audios más faltan? ¿Cuántos audios mudos existirán hoy día?

Detrás del audio está el tema de la salud, la salud pública, el deber estatal de ayudar a superar el rezago que aqueja a millones de peruanos en términos de calidad de vida. Detrás del audio están las voces que callan, las que adeudan, las que se apagan por la impericia al establecer formas de conciliación entre el mercado y el Estado, de forma tal que esa realidad del poder político y su par económico resulten coherentes. Los mejores profesionales de un país deberían estar al servicio del proyecto socioeconómico que es el propio Estado; y de las relaciones justas de respeto para la realización del sector privado en las diferentes escalas.

¿Qué pasaría si esos altos asesores y funcionarios tuviesen grandes remuneraciones legales y frontales? ¿Qué podríamos exigirles? ¿De qué podríamos privarlos? ¿Qué perdería un CEO de una multinacional sitrafica con influencias y no propende a lo mejor para la empresa? El Estado no es una empresa, pero quizás debería parecérsele en la medida de lo posible. O entregamos la propiedad del subsuelo y nos vamos de cabeza a la noción de Estado mínimo.A veces lo que más molesta es la hipocresía.

Nancy Arellano

@nancyarellano

El Gran Diálogo se da en el Parlamento.

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Sorprende muchas veces leer a algunas personas en las redes sociales asentir ante lo acaecido en estos días en Nicaragua donde 28 diputados de la oposición, del Partido Liberal Independiente, han sido destituidos en una maniobra política absolutamente antidemocrática; donde la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, actúa bajo excusa de que la bancada del Partido Liberal Independiente ha decidido desconocer a las autoridades del partido, pese a que éstos finalmente habían decidido simplemente declararse independientes.

¿Pero por qué parte de los opositores del PLI desconocen a sus autoridades?  Básicamente hasta mayo de presente año Montealegre era el representante legal del partido y máximo dirigente, hasta que el 8 de junio de 2016, la Sala Constitucional de la Corte resolvió quitarle la representación jurídica de la agrupación a Eduardo Montealegre y dársela a la facción de Pedro Reyes, cuyo nombre aparece asociado a un trabajo político pírrico y, según algunas voces, es colaboracionista con el gobierno de Ortega.  En todo caso, de los 28, 24 diputados fueron electos bajo la casilla del PLI cuando su representante legal era Montealegre y los otros 4 son suplentes; si las diferencias de democracia interna en el partido existen, lo coherente es resolver lo relativo a tales insatisfacciones en función de la legitimidad intrapartidaria. Pero en vista del artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua, la cual establece que los escaños en el legislativo pertenecen al partido en el que fueron electos los diputados; los 28 decidieron declararse independientes; no obstante, el fallo de la Corte sigue en vigencia y la oposición pareciera liquidada en el Pleno.

Aún quedan 8 diputados y 12 suplentes del PLI que no se han pronunciado respecto a cuál facción apoyan y sobre éstos no ha habido mandato de separación de las curules.

Aquí hay tres puntos sobre orden y democracia. 1) La democracia es un valor en sí misma, y no puede sucumbir ante la tentativa de homogenización partidaria, es un exabrupto el pensar que un partido único puede ser símbolo de apertura y pluralismo. 2) La democracia como sistema de gobierno debe procurar que los procesos de democracia interna en los partidos se lleve a cabo; si bien es importante que las instituciones velen por ésta, no pueden cambiar el liderazgo partidario de facto, sin involucrar a las militancias de las propias agrupaciones; menos aún si el partido de gobierno es opositor al partido implicado en la diatriba interna. 3) El orden democrático —o la gobernanza— es producto de la convención pactada por las partes más disímiles que convergen en un proyecto de país.  De la tensión y distensión es que se procura enriquecer el debate democrático, si no, no hay democracia. Y el Congreso es básicamente el mayor símbolo de debate, del Gran Diálogo que es, en esencia, la democracia.

La política lo toca todo, tiene esa virtud de empoderar y destruir… es increíble que en pleno siglo XXI juntemos ladrillos derrumbados hace menos de 30 años, para volver a alzar muros. Y decir otra vez la bendita palabra: revolución. ¿Y la evolución qué?

La situación de Nicaragua es preocupante, tanto como la de Venezuela, o incluso, y en otros términos, la de España; sin caer en hablar de la afrenta Trump vs Hillary. La polarización está socavando el espíritu propio de la democracia pretendiendo hablar de verdades absolutas, de nuevos césares y llevándonos a retroceder en el “Gran Diálogo” que ha caracterizado a la civilización occidental.

El Gran Diálogo es una convención de contrarios, de mayorías y minorías, de pensamientos irruptores que han enriquecido a lo largo de nuestra historia las conquistas de las más variadas áreas del conocimiento; el Gran Diálogo se sucede al mismo tiempo en todos los espacios, en todos los lugares y todos los pensantes; el Gran Diálogo es democracia. El Gran Diálogo cobra vida, respira y late, en el Parlamento de las naciones. Sin el Gran Diálogo, y la diversidad parlamentaria como su aliento, la democracia desfallece.